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Crédito público y exoneración del pasivo (I): ¿es siempre aconsejable intentar el Acuerdo Extrajudicial de Pagos?

Crédito público y exoneración del pasivo (I): ¿es siempre aconsejable intentar el Acuerdo Extrajudicial de Pagos?

El tratamiento del crédito público dentro del concurso tiene muchos aspectos polémicos, y uno de ellos es el que le dispensa la Ley en relación con el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. La regulación, que es bastante enrevesada, da lugar a preguntarse, entre otras muchas cuestiones, si las ventajas que ofrece el intento de Acuerdo Extrajudicial de Pagos previo hacen que ni nos planteemos el concurso directo en caso de concurso de persona física.

Hay voces en la doctrina (Cuena Casas o Fernández Seijo, por ejemplo) en contra de la diferencia de trato en lo que respecta al crédito público, entre el deudor que accede al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho de forma directa, y el que lo hace de forma diferida mediante un plan de pagos. Mientras al primero se le exonera todo el crédito público que no sea contra la masa o privilegiado, al segundo se le exige su pago íntegro, sea cual sea su calificación. También ha recaído alguna resolución judicial que se ha planteado una interpretación correctora (por ejemplo, Sentencia de la AP de Palma de Mallorca, Secc. 5ª, de 21/09/2016). Pero, partiendo de una interpretación literal del precepto, y asumiendo que esa diferencia de trato existe en la letra de la Ley, cabe plantearse si en alguna ocasión acudir al concurso directo, sin mediación concursal previa, es indiferente, o incluso si puede ser aconsejable.

¿Qué dice la ley?

La configuración legal del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho trata de promocionar el Acuerdo Extrajudicial de Pagos como una forma primordial de solución de la insolvencia a extramuros de la jurisdicción, y por ello mismo el art. 178 bis.3,4º de la Ley Concursal señala que, si el deudor no intenta esa “mediación concursal” previa y accede al concurso directamente para obtener dicho beneficio, tendrá que abonar, además de los créditos contra la masa y los privilegiados (especiales y generales), un 25% del pasivo ordinario. Al margen de otras consideraciones, de principio el legislador identifica al deudor de buena fe con aquel que satisface un determinado volumen de su pasivo. A primera vista el intento de Acuerdo Extrajudicial de Pagos parece “necesario” en todos los casos, pues exime al deudor de tener que abonar una parte del pasivo ordinario que, en muchos casos, es de una cuantía importante.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 178 bis.5,1º de la Ley Concursal, aquel deudor que, concluido el concurso, no haya podido abonar un “mínimo” de su pasivo y haya de someterse a un plan de pagos, como forma de acceso al beneficio de exoneración de forma diferida, no verá exonerado de su pasivo el crédito público, ni por alimentos, sea cual sea la calificación que tuvieran (contra la masa, privilegiado, ordinario o subordinado). En aquellos casos en que el crédito público sea importante, y suele serlo en muchos en los que el deudor es autónomo, la diferencia de trato en la Ley se hace palmaria. Distingamos tres supuestos:

1.- Deudor que intenta el Acuerdo Extrajudicial de Pagos y accede directamente al beneficio de exoneración, pues, al concluir la liquidación del concurso consecutivo, se encuentran satisfechos los créditos contra la masa y el crédito privilegiado, especial y general (Artículo 178 bis.3,4º de la Ley Concursal).

2.- Deudor que, habiendo intentado el Acuerdo Extrajudicial de Pagos, no puede acceder al beneficio de exoneración directamente, sino de forma diferida, habiendo de someterse a un plan de pagos, porque al concluir el concurso consecutivo aquellos créditos no se encuentran satisfechos en su totalidad (art. 178 bis.3,5º de la Ley Concursal). Recordemos que el beneficio en este caso no exonera el crédito público, ni por alimentos (art. 178 bis.5,1º), sea cual sea la calificación que tenga.

3.- Deudor que no ha intentado el Acuerdo Extrajudicial de Pagos, se declara en concurso no consecutivo y accede al beneficio directamente, al que se le exige, por esta misma razón, que abone, además de los créditos contra la masa y los privilegiados, el 25% del pasivo ordinario (art. 178 bis.3,4º de la Ley Concursal).

Dejamos al margen el supuesto en que el deudor no intentara la “mediación concursal” previamente y tuviera que acceder al beneficio de forma diferida, suscribiendo un plan de pagos al finalizar el concurso. En este caso, además de tener que abonar el 25% del pasivo ordinario, tendría que hacer frente al pasivo público y por alimentos.

Un ejemplo:

Asumamos un ejemplo ilustrativo, aunque un tanto extremo: autónomo que contrae repentinamente un crédito público a consecuencia de una sanción relacionada con su negocio, por ejemplo con medio ambiente, y se ve abocado al concurso. El pasivo tendría esta composición: gastos del procedimiento y otros posteriores al concurso por 10.000 €, de los que 1.000 € son crédito público; créditos públicos de la Agencia Tributaria y de seguridad social por 6.000 € (el art. 91.4 LC convertirá en privilegiado el 50% de los créditos tributarios que no gocen de privilegio); 30.000 € procedentes de una sanción administrativa que le genera la insolvencia sobrevenida (serán créditos públicos subordinados); y un crédito bancario sin garantía real: 10.000 € (será crédito ordinario).

La clasificación concursal de los créditos es la siguiente:


Y, siguiendo el orden de los tres supuestos anteriores, los escenarios sobre exoneración del pasivo pendiente que nos planteamos son éstos:


La diferencia de importes a satisfacer es significativa si comparamos el caso en que no pueda acceder directamente al beneficio de exoneración con aquellos en que sí. Pero ya entre estos últimos (de acceso directo al beneficio), las diferencias no son tan significativas. A mayor peso del crédito público en el pasivo la diferencia entre intentar el acuerdo, o no, se diluye. En nuestro caso, está claro que, si el deudor puede dejar abonados los créditos contra la masa y los privilegiados al término del concurso, su opción es clara, como lo será en la mayoría de los casos: intentar el Acuerdo Extrajudicial de Pagos.

Objetivos y alternativas:

Asumiendo que el deudor pueda satisfacer al finalizar el concurso el pasivo exigible para acceder directamente al beneficio de exoneración, si el objetivo es alcanzar el beneficio de exoneración, interesa intentar el Acuerdo Extrajudicial de Pagos. Cuantitativamente la remisión es superior si intenta el Acuerdo Extrajudicial de Pagos y puede acceder directamente al beneficio de exoneración. Pero si el objetivo primario es otro, la respuesta no está tan clara.

Podríamos llegar a imaginar supuestos en los que puede hacerse incluso más atractivo para el deudor solicitar el concurso directamente. Pensemos en deudores que ostentan en propiedad una vivienda sin hipoteca, o con la hipoteca abonada en su mayor parte, a los que la liquidación necesaria para llegar al beneficio no interesa (es conveniente evitarla) y prefieren intentar alcanzar un convenio concursal, prácticamente atado, para el que los requisitos de mayorías necesarias para su aprobación son inferiores que los previstos en la Ley para el Acuerdo Extrajudicial de Pagos; bien vale la pena en ese caso correr el riesgo de que salga mal (no se alcance el convenio) y termine siendo beneficiado por una exoneración menos generosa de su pasivo, por no haber intentado un Acuerdo Extrajudicial de Pagos para el que no se contaban con las mayorías necesarias. En caso de fracasar con el convenio, el riesgo de ser exonerado en un menor importe se minimiza.

Ahora bien, en caso de ese mismo deudor que ostenta un pasivo público importante, si el objetivo es la exoneración y no puede llegar a satisfacer el pasivo mínimo exigible para el acceso directo a la exoneración (art. 178 bis.3,4º LC), y precisa de someterse a un plan de pagos (art. 178 bis.3.5º LC), el concurso resulta poco o nada atractivo.

Conclusión:

La conclusión es que, a mayor importancia del crédito público en el pasivo del deudor, más se diluye la ventaja cuantitativa que representa la superior remisión de pasivo cuando se intenta el Acuerdo Extrajudicial de Pagos. Esto se añada a que, a mayor presencia de crédito público, el plan de pagos para alcanzar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho se hace menos atractivo, hasta el punto de poder llegar a desaconsejar intentar el concurso sin más. Aunque esto es algo que ciertos tribunales están intentando paliar a través de interpretaciones correctoras, como ya dijimos ut supra.

Así pues, ¿es conveniente llegar al concurso después de intentar el Acuerdo Extrajudicial de Pagos? La respuesta general es: . Ahora bien, puede haber casos en que la estrategia nos conduzca a otras conclusiones.

Miguel Ángel Manzano Fernández
despacho@manzanoabogado.es

Abogado con despacho en Granada. Especialista en Derecho Civil y de la Empresa (Concursal, Societario y Bancario).

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