La prórroga del arrendamiento de vivienda por el COVID19 es una de las medidas previstas por el RD-Ley 11/2020, de 31 de marzo, para la protección de los arrendatarios de vivienda. Los contratos afectados son aquellos que vayan a vencer entre su fecha de entrada en vigor (2 de abril) y los dos meses siguientes a la finalización del estado de alarma. Con esa prórroga se facilita una solución habitacional para esos inquilinos durante la situación de crisis sanitaria. Del mismo modo, se impide que el arrendador aproveche la situación para imponer un nuevo contrato incrementando la renta.
Infografía
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Claves de la medida
* La prórroga tiene que ser solicitada por el arrendatario. No se dice cómo, pero es conveniente la solicitud por escrito.
* Se prevé que la medida tenga una duración no superior a 6 meses. Pero cabe que se pacte otra cosa entre arrendatario y arrendador.
* La prórroga será en las mismas condiciones que el contrato que se prorroga.
* Ha de ser aceptada por el arrendador. No se entiende bien que se establezca esa aceptación, pues en tal caso la medida se convierte en papel mojado. Se aplicaría sólo si el arrendador consiente. Ello no obstante, y advirtiendo que se ha previsto de ese modo, entendemos que ha de ser interpretada en el sentido de que es obligatoria para el arrendador.
* Hay que advertir que la norma se refiere a los contratos de arrendamiento que vayan a vencer por fin de la prórroga obligatoria (art. 9.1 LAU), o por fin de tácita reconducción (art. 10.1 LAU). Pero parece dejar fuera los contratos de renta antigua, o a los que se celebraron bajo la vigencia del Decreto Boyer.
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