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Actuaciones posteriores a la EPI o cómo se consigue la efectividad de la exoneración

efectividad de la exoneración

Miguel Ángel Manzano Fernández

05/12/23

Se ha superado el miedo a iniciar un procedimiento de segunda oportunidad. Se ha tramitado el procedimiento, en cuyo transcurso se han podido perder los bienes en propiedad, o se ha podido estar sometido a la supervisión de un administrador concursal. En algunos casos ha sido un periplo más o menos largo. Y al final se ha conseguido la ansiada exoneración de las deudas. ¿Ha acabado todo con la resolución que concede la EPI?, ¿cómo lo sacan a uno de los registros de morosos?, ¿cómo terminan los procesos judiciales de reclamación que había en marcha? Veamos cuales son las actuaciones posteriores para alcanzar la efectividad de la exoneración.

Qué deudas y cómo se ven afectadas por la EPI

Para conseguir la efectividad de la exoneración, lo primero que tenemos que determinar es a qué créditos afecta el EPI y a cuales no. Y respecto de los primeros, qué supone la exoneración exactamente. Cuestiones que resuelven los arts. 489 y 490 TRLC.

Comentamos a estas cuestiones esta otra entrada, a la que nos remitimos: Deudas exonerables y no exonerables. Lo importante ahora es partir de que, por simplificar, los créditos que exonerados quedan extinguidos y los acreedores pierden las acciones tendentes a su cobro. Los créditos afectados son:

    • Los créditos que sean anteriores a la fecha del Auto de declaración de concurso. Son los denominados créditos concursales, o masa pasiva. Todos los que se contraigan después no se exoneran (créditos contra la masa). No se exoneran los gastos del procedimiento, las facturas de suministro eléctrico generadas después de la declaración de concurso, etc.,…
    • Todos los créditos que, reuniendo el criterio temporal anterior, no sean de los de la lista del art. 489.1 TRLC.

Quién y cómo comunica la EPI a los acreedores

El procedimiento judicial concluirá con una resolución que concede la exoneración. Pero, para conseguir la efectividad de la exoneración obtenida, será preciso que los acreedores la conozcan.

Dispone el art. 492 ter TRLC, que la resolución concede la EPI contendrá un mandamiento a los acreedores para que comuniquen la exoneración a los sistemas de información crediticia.

Es un gran avance respecto a la normativa anterior. Pero debe quedar claro, y la práctica lo está poniendo de relieve, que el Juzgado que concede la EPI no remite comunicaciones directamente a registros de solvencia o morosidad, ni a otros juzgados que pudieran estar tramitando ejecuciones que deban archivarse como efecto de la exoneración.

A lo sumo, y en algún caso particular, en algún juzgado se han dirigido diligencias individuales a cada acreedor. Pero no es práctica generalizada.

Para conseguir esa ansiada efectividad de la exoneración, su reconocimiento,lo recomendable es que el propio deudor pida un testimonio de la resolución que conceda la EPI y lo comunique directamente a cada acreedor, por medio que deje constancia de su recepción.

Tras un tiempo prudencial, y si este acreedor no insta la baja del crédito en registros de solvencia o morosidad, lo podrá instar el deudor. E incluso se podrá valorar acciones indemnizatorias por atentar al derecho al honor en caso de empecinamiento por parte del acreedor en no reconocer la EPI.

El mayor peligro para la efectividad de la exoneración: discusión posterior al concurso sobre si un crédito está exonerado o no

El verdadero problema en torno a la exoneración se sitúa a extramuros del concurso. Es cuando el concurso ha terminado cuando se pueden plantear problemas sobre el alcance de la exoneración obtenida.

La práctica judicial pone de relieve que en la mayoría de procedimientos la resolución que concede la EPI no lista los créditos exonerados (sobre todo en concursos sin masa). Lo haga, o no, todos los créditos que conforman la masa pasiva, a excepción de los del art. 489 TRLC. Pero, ¿qué ocurre si el acreedor se obstina en reclamar, o no se reconoce debidamente la EPI en otro juzgado en que se presente nueva reclamación?

Esto no plantea mucho problema ante un juzgado especializado en materia concursal. Pero cuando se obtiene la exoneración sin plan de pagos, concluye el concurso, y cualquier reclamación de créditos se resolverá ante la instancia administrativa o judicial que corresponda. Es decir, resolverá la duda quien no es especialista en materia concursal. Y aquí viene el problema.

Si al conceder la exoneración se listan los créditos afectados, se va a facilitar mucho la resolución de posibles discusiones posteriores sobre si un crédito se ha exonerado, o no.

Pero si no se listan, podemos encontrarnos con incidencias no bien resueltas por la Ley. Puede un acreedor obstinado intentar iniciar una reclamación judicial nueva de su crédito, o un fondo buitre cesionario de un crédito seguir intentando el cobro.

En esos casos se provocará que el deudor deba defenderse con su resolución de exoneración en mano. La condena en costas frente a ese acreedor es disuasoria, pero el peligro de que el órgano administrativo o judicial de turno no reconozca la exoneración está ahí. Esto debe resolverse en una futura reforma.

Efectos sobre los procedimientos judiciales en reclamación de créditos

Si había un procedimiento judicial en tramitación al obtener la exoneración, la duda puede seguir existiendo, pero al tratarse de un proceso iniciado antes de la exoneración, digamos que esa duda es menor.

El art. 22 de la LEC permite la conclusión de cualquier procedimiento judicial, declarativo o ejecutivo, por carencia sobrevenida de objeto. La exoneración supone la extinción del crédito, perdiendo el acreedor la acción de reclamación. El inconveniente es que normalmente se exigirá que el deudor se persone con procurador en este proceso para instar este archivo, con los costos que conlleva.

Como hemos mencionado anteriormente, el juzgado que concede la exoneración no va a remitir comunicación a este otro juzgado.

En un mundo ideal sería el propio acreedor el que instara la conclusión de este otro procedimiento. Pero lo habitual (y lo recomendable) es que deba personarse el deudor y solicitar él mismo el archivo. Incluso en muchas ocasiones el acreedor se opondrá, tratando de obviar la exoneración. Lo que dará lugar a una discusión en ese concreto procedimiento sobre el alcance de la exoneración.

A modo de conclusión

Después de todo lo dicho, ¿merece la pena tramitar un procedimiento de segunda oportunidad para terminar después discutiendo en otras instancias el alcance de esa exoneración? La respuesta es sí.

En todos los casos no se dan estas incidencias. El sistema no es perfecto y debe mejorar, pero ofrece una solución de indudable utilidad para empezar de nuevo.

 

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Imagen de Jerry Kimbrell en Pixabay

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