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Comprobación de valores anulada por TSJA: dictamen pericial genérico por empleo de coeficientes unitarios respecto de estudios de mercado que no se concretan

Hoy comento dos sentencias dictadas por el TSJA en dos casos idénticos (mismo impuesto; misma herencia), que conozco de primera mano porque han sido defendidos por este despacho, y en los que el Tribunal ha anulado la comprobación de valores de inmuebles por considerar que los dictámenes periciales que sustentan las valoraciones son genéricos y faltos de motivación.

Para comprobar el valor real dado a un bien o derecho a efectos de un impuesto, la administración tributaria puede utilizar cualquiera de los medios del artículo 57.1 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, 17 de diciembre, entre los que se encuentra el dictamen de peritos de la Administración.

En los últimos años se ha venido endureciendo la jurisprudencia que ha recaído en relación con los requisitos de este tipo de medios de comprobación del valor, y, sobre todo, se han reprobado de forma muy acusada las faltas de motivación por referencias genéricas a precios medios de mercado, o por no constar que el perito haya visitado el inmueble a valorar.

Las dos recientes Sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ambas de 19 de mayo de 2017 (pueden leerse aquí y aquí), que se refieren a un mismo impuesto (impuesto de sucesiones y donaciones), anulan las liquidaciones emitidas por la administración tributaria andaluza por estimar que los dictámenes emitidos por peritos carecen de motivación, por ser genéricos o indeterminados, llegando a tacharlos de mera opinión, no de dictamen pericial.

Comienza el TSJA recordando el que ha sido el criterio del Tribunal Supremo en relación con las exigencias de motivación de los dictámenes periciales elaborados por la administración tributaria:

«… los informes periciales que han de servir de base a la comprobación de valores, deben ser fundados, lo cual equivale a expresar los criterios, elementos de juicio o datos tenidos en cuenta; que la justificación de dicha comprobación es una garantía tributaria ineludible; que por muy lacónica y sucinta que se interprete la obligación administrativa de concretar los hechos y elementos adicionales motivadores de la elevación de la base, no puede entenderse cumplida dicha obligación impuesta por el artículo 121 de la LGT , si se guarda silencio o si se consignan meras generalizaciones sobre los criterios de valoración o sólo referencias genéricas a los elementos tenidos en cuenta mediante fórmulas repetitivas que podrían servir y de hecho sirven, para cualquier bien»

Por ello, añade:

”… antes al contrario, la comprobación de valores debe ser individualizada y su resultado debe concretarse de manera que el contribuyente pueda conocer sus fundamentos técnicos y prácticos y, bien aceptarlos, bien rechazarlos porque los repute equivocados o discutibles y, sólo en este caso, proponer la tasación pericial contradictoria a la que tiene derecho.”

En el caso enjuiciado, los peritos habían suscrito dos informes, calcado el uno del otro, en los que simple y llanamente se aplica un modelo de texto homogeneizado, en el que se limitaban a mencionar supuestos estudios de mercado y comparación con valores declarados por otros contribuyentes para la zona en cuestión. Seguidamente se identificaban unos coeficientes o valores unitarios por metro cuadrado respecto de los que no se llega a explicar su origen y forma de obtención. Tan sólo se habían referencias a estudios o informes de mercado y comparación que no se acompañaban, ni a los que tampoco se ofrecían enlaces para su consulta. En suma, se concluía en el recurso que los dictámenes no podían calificarse de informe pericial, sino de mera arbitrariedad.

Sosteníamos que, de acuerdo con las SsTS 12/11/86, 4/11/88 y 28/90, o la de 9/5/97, por nombrar algunas, no basta la remisión a precios medios de mercado, sino que el perito que acuda a estos debe indicar la fuente del conocimiento del cual se han tomado o los casos que los han conformado. El mismo TC, en Pleno, en Sentencia de 19 de julio de 2000, rechaza que la norma que habilita a la Administración a comprobar valores le habilite o autorice para decidir con entera libertad el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda o, lo que es igual, que, en detrimento de la reserva de ley recogida en el art. 133.3 CE, le esté