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¿Se puede demandar a los administradores de sociedades de capital por responsabilidad por las deudas sociales (art. 367 LSC) sin tener que demandar, previa o simultáneamente, a la sociedad?

Hasta que, por Sentencia del Pleno de la Sala Primera TS, Sala Primera de lo Civil, nº 539/2012, de 10 de septiembre de 2012, se zanjó la cuestión, ha sido muy estudiado, por una doctrina y jurisprudencia nada pacíficas, el problema de la acumulación de acciones cuando se demandaba a los administradores, por responsabilidad por deudas del art. 367 LSC, y a la sociedad, en reclamación por las obligaciones sociales. El problema era habitual y la solución dada por los tribunales, que se traducía en una caótica inseguridad jurídica, implicaba una situación de riesgo para los profesionales que debían plantear demanda en estos casos. Después de la doctrina sentada por el Supremo, ya no es discutible que cabe acumular ambas acciones ante el Juzgado de lo Mercantil. Pero, ¿cabe, no ya no acumular, sino ni siquiera demandar a la sociedad y presentar únicamente demanda frente a los administradores? La cuestión no es nueva, pero sigue no siendo todo lo pacífica que cabría suponer, pues sigue llegando a apelación alguna resolución sobre el tema. De hecho, hay alguna sentencia de instancia reciente que es contraria a lo que aquí se concluye.

Partamos de la situación preexistente y de cómo el Supremo zanjó la controversia competencial. En una entrada de Miguel Guerra Pérez (Blog Jurídico de Sepin) hace un resumen de las posiciones hasta la fecha, que podríamos sintetizar así:

Por un lado, unos eran partidarios de una posición estricta, contraria a la acumulación. LOPJ y LEC determinan que la jurisdicción y competencia para conocer de las acciones contra la sociedad corresponden a los Juzgados de Primera Instancia, mientras que la acción contra lo administradores, basada en la normativa societaria, corresponde a los Juzgados de lo Mercantil. No se prevé en la ley la posibilidad de acumulación, por lo que no pueden acumularse ambas acciones. Esto suponía que el demandante tenía que accionar ante ambos tribunales, rompiendo la continencia de la causa.

Por otro lado, una posición favorable a la acumulación entendía que, pese a que la ley no lo prevé, la conexidad entre las acciones, el peligro de que recaigan resoluciones contradictorias, los cortos plazos de prescripción (respecto a las acciones contra los administradores), la afectación a la tutela judicial efectiva y las razones de economía procesal, llevan a realizar una interpretación integradora de la norma, permitiendo, por especialidad, la competencia, en casos de acumulación, para que terminen conociendo los Juzgados de lo Mercantil. Había quienes, partiendo de esa posible acumulación, atribuían la competencia a los Juzgados de Primera Instancia.

Surgió una corriente intermedia, que entendió que, en casos en que nos encontráramos con Juzgados mixtos, de Primera Instancia y de lo Mercantil, la jurisdicción y competencia de éstos permitía la acumulación de la acción frente a la sociedad y de la acción contra los administradores. Pero esto sólo resolvía la cuestión cuando había juzgado mixto.

Como decimos, el Tribunal Supremo resolvió la cuestión, considerando acumulables las acciones frente a la sociedad y frente a los administradores, y atribuyendo competencia para conocer de ambas a los Juzgados de lo Mercantil. Por nueva Sentencia del Tribunal Supremo, nº 315/2013, de 23 de mayo de 2013, se viene a confirmar la anteriormente citada, al tiempo que se sienta, como jurisprudencia sobre la cuestión, que cabe la acumulación de ambas acciones y que de ésta debe conocer el Juzgado de lo Mercantil. El Tribunal resume su criterio diciendo:

«Los argumentos en los que la Sala basó esta decisión son, resumidamente, los siguientes:

1) Posibilidad de acumulación de las acciones: la estrecha conexión existente entre ambas acciones y el obstáculo desproporcionado que para la tutela judicial efectiva supone tener que ejercitarlas separadamente ante distintos Juzgados. Se argumentaba en la sentencia: (i) entre ambas [acciones] hay una relación de prejudicialidad, pues el éxito de la acción frente a la sociedad es presupuesto para que proceda la acción de responsabilidad de los administradores; (ii) la acción de responsabilidad exige acreditar la concurrencia de las circunstancias legalmente establecidas determinantes de la misma, sobre las que gravitará normalmente el peso del proceso; pero el presupuesto de ambas acciones es el incumplimiento de la sociedad; (iii) la finalidad que persigue la parte con el ejercicio de ambas acciones es única: el resarcimiento de los perjuicios que le ha ocasionado el incumplimiento por la sociedad; (iv) la responsabilidad de los administradores por obligaciones sociales constituye una responsabilidad por deuda ajena ex lege [según la ley] que tiene naturaleza de responsabilidad solidaria impropia exigible directamente por los acreedores de la sociedad y opera muy frecuentemente en situaciones de insolvencia total o parcial de esta (la responsabilidad de los administradores puede surgir como consecuencia del incumplimiento de sus deberes de promover la disolución de la sociedad en caso de disminución de su patrimonio, entre otras situaciones de significado análogo) y como remedio a la misma en íntima relación causal con el incumplimiento por parte de aquella.

Esta Sala considera que la situación descrita no responde a la voluntad de la ley, sino a una laguna legal. La LEC no permite directamente la vía de la acumulación en estos supuestos, pero tampoco resuelve las situaciones de prejudicialidad entre los juzgados de primera instancia y los juzgados de lo mercantil.

Puede considerarse la existencia de una norma implícita en el artículo 43 LEC , según la cual los tribunales civiles pueden resolver las cuestiones civiles prejudiciales que se planteen si no se decide que se ventilen en otro procedimiento ante el órgano competente a petición de alguna de las partes. Sin embargo, además de no haber sido expresamente formulado por la LEC, este criterio sería insuficiente para resolver la situación que estamos planteando, pues la resolución con carácter prejudicial de la pretensión dirigida contra la sociedad no permite que la cuestión se examine y resuelva de manera definitiva ni obtener una condena del demandado.

En consonancia con ello, el principio de interpretación de las normas legales con arreglo a la Constitución proclamado en el artículo 5 LOPJ, y la finalidad de evitar la aplicación de un criterio procesal que podría ser determinante de una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, obliga a examinar si es posible hallar una solución más allá de la posible inconstitucionalidad de las normas afectadas.

Pues bien, a juicio de esta Sala, la aplicación analógica de las normas sobre acumulación permite en este supuesto admitir la procedencia de la acumulación de las acciones que estamos considerando, habida cuenta de que la prohibición de la acumulación de acciones ante un tribunal que carezca de competencia para conocer de alguna de ellas admite diversas excepciones, entre las cuales figura que así lo disponga la ley para casos determinados (artículo 73.2 LEC). Entendemos que la regulación de la responsabilidad de los administradores sociales, con los caracteres que se han destacado, en estrecha relación con la insolvencia de la sociedad y con el impago de sus deudas conlleva implícitamente el mandato, exigido por el respeto al derecho tutela judicial efectiva proclamado por la CE, de la posibilidad de acumulación de ambas acciones

Dicho eso, en relación a qué juzgado atribuir la competencia, añade:

«La procedencia de que el conocimiento de las acciones acumuladas corresponda a los Juzgados de lo Mercantil se justificaba en las siguientes razones:

(a) Ante los juzgados de lo mercantil se ejercita la acción más específica sobre responsabilidad de los administradores, la cual tiene carácter principal respecto de la acción por incumplimiento social, que opera con carácter prejudicial respecto de la primera. Así se infiere de la aplicación analógica de las normas sobre las prejudicialidad civil, de las que se infiere que la competencia para resolver una cuestión que aparece con carácter prejudicial respecto de otra corresponde al tribunal competente para conocer de la cuestión principal. En consecuencia, ante la ausencia de una regulación legal específica, debe considerarse preferible esta solución a la que resultaría de la aplicación del principio de disposición por la parte demandante ( artículo 71.2 LEC , en el caso de acumulación de acciones) o mayor antigüedad del proceso ( artículo 79.1 LEC , en el caso de acumulación de procesos), articuladas en consideración a la situación de órganos judiciales con competencias paralelas.

(b) La finalidad que persigue la norma de atribución de competencia residual a los juzgados de lo civil – artículo 45 LEC , que consagra el principio de la vis attr